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El Ministerio de Trabajo, enfrentado con los de Seguridad Social y Economía por los Ertes

Los negociadores -Gobierno, patronal y sindicatos- defienden que el acuerdo para la nueva normativa que ha de regir los Ertes en los próximos meses es posible. El próximo lunes se vuelven a reunir y si se atan los cabos sueltos podría aprobarse el próximo martes, una semana antes de que finalice la actual normativa, que tiene como límite el 30 de junio.

Las diferencias que separan el sí del no estriban en las exoneraciones a la cotización que obtienen las empresas por los trabajadores que ya se han reincorporado a sus puestos de trabajo y los que todavía siguen en Erte y, por tanto, reciben su salario del SEPE.

Las propuestas planteadas a los agentes sociales inciden en que se pagará una cuota menor por los que ya estén trabajando y aumentará para los que siguen en casa. Se supone que de esta manera se incentiva a las empresas a sacar de los Ertes a sus trabajadores.

Ni sindicatos ni empresarios están de acuerdo con esta tesis. Desde su punto de vista, los trabajadores vuelven al tajo cuando hay demanda suficiente y no porque se ahorren en las cotizaciones a la Seguridad Social. Tal es su convencimiento que han contraofertado abonar la totalidad de la cotización, sin ninguna exoneración, por los que ya están produciendo. El lunes se conocerá si finalmente el Gobierno cede y cambia las exoneraciones de los trabajadores en Erte.

Aunque para ser más exactos, habría que decir «si el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cede», pues existen dos posiciones encontradas en este asunto dentro del área económica del Gobierno. Por un lado, esta la parte que defiende la discriminación positiva en favor de los trabajadores que ya han vuelto al trabajo como forma de empujar a las empresas hacia la reincorporación de sus plantillas que, junto a Escrivá, apoya la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño.

En la otra tesis, la que defienden sindicatos y empresarios, se sitúa la titular del Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, que entiende que lo lógico es que se cotice a la Seguridad Social por los trabajadores que producen y se exonere a los que no aportan liquidez a sus empresas.

Si gana la postura de la Seguridad Social, la nueva normativa se aprobará sin el apoyo de sindicatos y empresarios

Fuentes de la negociación apuntaban discretamente hace unos días a elEconomista estas diferencias en el seno del Consejo de Ministros; pero el pasado jueves, tras el fracaso de la última ronda negociadora, la representante de CCOO en la mesa, Marí Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical, apuntaba en esta dirección: «El acuerdo es posible, pero el problema, la pelota, está en el tejado del Ministerio de la Seguridad Social«. El apoyo de Yolanda Díaz ya lo tienen asegurado.

Así pues, en la mesa de negociación se ha quedado solo el secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, que tiene en frente al presidente de las reuniones, el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey.

Está por ver qué tesis triunfa. Si gana la Seguridad Social, el Gobierno tendrá que aprobar la nueva normativa sin el apoyo de sindicatos y empresarios. El pasado jueves, el ministro Escrivá reiteró en el Senado la bonanza de su modelo en favor de incentivar con cuotas más bajas a que las empresas incorporen a sus trabajadores. El lunes sabremos si ha cambiado de opinión.

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