El Gobierno ideó un código de buenas prácticas para acelerar la devolución de lo que los bancos cobraron irregularmente con cláusulas suelo abusivas en las hipotecas. El PSOE no le dio su apoyo por considerarlo complaciente con las entidades financieras y estas lo rechazaron al calificarlo de inasumible. El Ejecutivo popular, según ha podido saber ABC, ha descartado ya ese protocolo de adhesión voluntaria y su plan ahora es aprobar un procedimiento extrajudicial vía real decreto, lo que en el fondo implica la obligatoriedad de su cumplimiento. Aunque, eso sí, quizá dé más margen a la banca para negociar con sus clientes.
Al igual que estaba previsto hacer en el citado código, el procedimiento fijará los plazos y las garantías que regularán la devolución. El objetivo sigue siendo, según el Ministerio de Economía, resolver con celeridad las reclamaciones y reducir la litigiosidad. En todo caso, la letra pequeña de ese procedimiento todavía se está estudiando, no solo en Economía sino también en el Ministerio de Justicia.
La intención del gabinete dirigido por Luis de Guindos era aprobar el código voluntario como anexo a un real decreto en Consejo de Ministros del pasado viernes. Sin embargo no logró el apoyo del PSOE, que reclamaba una normativa más exigente con la banca y que, además, se aprobase como proyecto de ley. Por eso, y hasta lograr el respaldo parlamentario necesario, el Gobierno pospuso su aprobación a la próxima reunión interministerial, que se celebrará el próximo 13 de enero, fecha que se mantiene en la agenda.
Ahora bien, y según fuentes financieras, la revisión de esos planes iniciales responde además a que el código ideado por el Ejecutivo se encontró con el rechazo frontal del sector financiero, que inicialmente, sin embargo, había manifestado en privado su voluntad de asumirlo. Las entidades consideraban que el código, pese a su supuesta voluntariedad, les obligaba a declarar automáticamente abusivos y nulos todos sus contratos y devolver todo el dinero, y les impedía valorar y negociar cada caso particular y defender sus intereses y los de sus accionistas.
Críticas de la banca
Fuentes de un grupo bancario salpicado por las cláusulas suelo explican a este diario que la banca hizo ver a Economía que el código tenía un carácter coercitivo que limitaba la libertad de empresa, fundamentalmente por cuanto, según la versión de las entidades, sustraía el legítimo derecho a acudir a los tribunales y perjudicaba a los accionistas de los bancos.
Uno de los puntos de disputa es si la adhesión de los bancos a ese código es realmente voluntario. Según fuentes financieras, el Ejecutivo planteó que, una vez publicado el real decreto, todos los bancos quedasen adheridos automáticamente al código, y si lo rechazaban dispondrían de un plazo de un mes para anunciar su salida del plan, obligándoles a retratarse en público.
En esa línea, las entidades aseguran que los términos del código les obligaban a declarar como irregulares todas esas cláusulas y, por tanto, a resarcir a los clientes automáticamente, dejándoles sin margen para negociar con estos. Desde el sector recuerdan que el código de buenas prácticas en materia de desahucios de 2012 era más flexible porque da más margen a bancos e hipotecados para pactar una solución.
Impedimentos legales a la obligatoriedad
El Gobierno es consciente de que, por muy obligatorio que sea el procedimiento que se acabe estableciendo por real decreto, no puede imponer una devolución generalizada de ese dinero. Tanto los ministros de Economía y Justicia como el presidente del Gobierno han dicho en público que, a pesar de que querer acelerar la devolución y reducir la litigiosidad, este es un asunto relativo a la relación privada y personal de las entidades con sus clientes.
Por tanto, la fórmula que se estaría estudiando ahora, apuntan las fuentes, es una planteada desde Justicia, y que pasaría por que el cliente afectado debería hacer una primera reclamación a su banco —a resolver por este— antes de acudir a los tribunales en caso de que la entidad responda de forma negativa. Por tanto, los plazos y garantías que fije el procedimiento se referirían a condiciones que favorezcan esas negociaciones como alternativa a los tribunales en una suerte de arbitraje interno.
Primeras reclamaciones
El procedimiento también permitiría a la banca devolver esas cuantías como una reducción de los intereses y el principal pendiente por abonar, y no como un pago en efectivo en el momento, lo que le permitiría prorratear el impacto de ese reintegro en las cuentas.
A la espera de que el Gobierno fije ese proceso, y tras conocerse el dictamen de la Justicia europea, las entidades han empezado a registrar ya numerosas consultas e incluso reclamaciones. Solo en Asturias, siete bancos han recibido 3.130 reclamaciones extrajudiciales por 22 millones de euros a resolver en 15 días.
